Por Lcda. Ningmeth Moreno

Venezuela es un país innovador en cuanto a legislación se refiere, en esta nación de libertades garantizadas y de protecciones establecidas para el beneficio de todos, el sector pesquero y acuícola no ha escapado a esta interesante realidad. Desde el año 2009, en el contenido del articulado de la Ley de Pesca y Acuicultura se eliminó la controversial práctica de la pesca de arrastre, siendo este el primer país del mundo en erradicar legalmente este tipo de faena con el firme propósito de proteger los recursos hidrobiológicos.

Este instrumento jurídico también ha permitido avanzar hacia un nuevo paradigma de la pesca, la acuicultura y sus actividades conexas como un todo dentro del accionar socioeconómico, privilegiando lo social sobre los intereses económicos particulares y entendiendo que el bien común y el interés general constituyen sus finalidades esenciales.

Cronología de la Ley de Pesca y Acuicultura durante el S. XXI.

La legislación vigente tiene su génesis en la Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Pesca yAcuacultura dictado en fecha 13 de noviembre del año 2001, reformado parcialmente por la Asamblea Nacional en fecha 08 de julio del año 2003 al publicar Ley de Pesca y Acuicultura en la  Gaceta Oficial N° 37.727. Posteriormente, el 14 de marzo de 2008 se publica el Decreto Nº. 5.930 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Pesca y Acuicultura en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.877 Extraordinaria; allí se estableció el lapso de un año para la eliminación de la pesca de arrastre. La versión vigente y más reciente (con un total de 157 artículos), está contenida en el Decreto N°. 1.408 con Rango, Valor y Fuerza de Ley promulgado por el presidente de Venezuela mediante la Ley Habilitante, de fecha 13 de noviembre de 2014  y publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°. 6.150 Extraordinaria, el 18 de noviembre del mismo año.

 

De acuerdo con el Artículo N° 3 este  Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley rige sobre todos los recursos hidrobiológicos, así como sobre las actividades de pesca, acuicultura y conexas, cuando se desarrollen bajo soberanía o jurisdicción de la República Bolivariana de Venezuela, así como en alta mar y en aguas territoriales de otros países cuando sean ejecutadas por buques pesqueros de bandera nacional, en el marco de convenios pesqueros bilaterales, multilaterales u otras normativas de carácter internacional que involucren a la República.

Medio ambiente y pescadores primero

Desde su primera publicación y sus modificaciones subsiguientes, en la Ley de Pesca y Acuicultura se ha puesto de manifiesto una profunda convicción de cuidado del medio ambiente, de apoyo para alcanzar un desarrollo integral del sector pesquero y acuícola y sus actividades conexas que permitan asegurar una disponibilidad suficiente, estable, oportuna y permanente de productos y subproductos para atender las necesidades básicas de la población venezolana.

Otro de los aspectos fundamentales de la Ley es su vocación humanista, ya que establece expresamente la finalidad de proteger los asentamientos y comunidades pesqueras artesanales, así como el mejoramiento de la calidad de vida de los pescadores y pescadoras a pequeña escala, proteger los caladeros de pesca de los pescadores y pescadoras comerciales artesanales, especialmente de pequeña escala, en las aguas continentales y los próximos a la línea de costa marítima, así como, los espacios tradicionales para la pesca comercial artesanal y garantizar los plenos beneficios sociales y la seguridad social a los pescadores y pescadoras artesanales, a los y las tripulantes de los buques pesqueros industriales y a los demás trabajadores y trabajadoras del sector pesquero y acuícola.

Más allá de lo señalado, la legislación vigente establece lo necesario para que las instituciones regulen, promuevan y desarrollen de manera armoniosa, la capacitación profesional y técnica de los trabajadores del sector, el aprovechamiento sustentable de los recursos, la organización de los pescadores, acuicultores y demás involucrados en el sector pesquero y acuícola en agrupaciones como los CONPPA (Consejos de Pescadores y Acuicultores) que les permitan una participación protagónica y un accionar positivo en la toma de decisiones por parte de las autoridades.

Cada una de las acciones que promueve o regula esta Ley se encuentra en concordancia con las políticas nacionales y con los acuerdos que la Nación haya suscrito o suscriba a nivel internacional.

La Ley ha sido estructurada para reafirmar la soberanía alimentaria y garantizar el sagrado derecho a la alimentación de nuestro pueblo, cambiando los esquemas y mecanismos para aumentar la producción de la pesca y acuicultura en un 20%, a los fines de alcanzar 300 mil T/Año, según lo establecido en el Objetivo Nacional 1.4  del Plan de la Patria 2013-2019.

La observancia y el cumplimiento de todo lo establecido en esta Ley se encuentra bajo la responsabilidad del Ministerio del Poder Popular de Pesca y Acuicultura y de sus entes adscritos INSOPESCA, CORPESCA y FONPESCA.