Caracas, 5-7-20.- La pesca proporciona una fuente vital de alimentos, trabajo, ocio, comercio y bienestar económico a lo largo del globo. En un mundo donde el crecimiento de la población es constante y el hambre un problema persistente, el pescado se ha convertido en un importante producto para conseguir la seguridad alimentaria.
Sin embargo, los esfuerzos de la comunidad internacional para asegurar la pesca sostenible se ven amenazados por actividades pesqueras ilegales, no declaradas y no reglamentadas.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada es responsable de la pérdida de 11 a 26 millones de toneladas anuales de pescado, lo que equivale a un valor económico estimado de 10 a 23 miles de millones de dólares. Para reducir este impacto, la Meta 4 del Objetivo 14 de La Agenda del Desarrollo Sostenible adoptada en 2015 por la Asamblea General de la ONU, apremia a la comunidad internacional a “regular eficazmente la explotación pesquera y poner fin a la pesca excesiva, ilegal, no declarada y no regulada y a las prácticas pesqueras destructivas” para el 2020.
Para conseguir este ambicioso objetivo se requiere una enorme labor de concienciación para captar la atención del público general sobre los impactos negativos de las actividades pesqueras ilegales, no declaradas y no reglamentadas. Una actividad en la que la FAO ha participado activamente.
Para promover la conservación a largo plazo y el uso sostenible de los recursos pesqueros, la Conferencia de la FAO de 1995 adoptó el Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO.
El Código es voluntario y expone principios y estándares internacionales de actuación para prácticas responsables con el fin de asegurar la conservación efectiva, la gestión y el desarrollo de los recursos acuáticos vivos, con el debido respeto por el ecosistema y la biodiversidad.
En 2009, la Conferencia de la FAO adoptó el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto Destinadas a Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada. El Acuerdo es vinculante y estipula unas medidas mínimas del Estado Rector del puerto para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Entró en vigor el 5 de junio de 2016.
Antecedentes
En 2015, la Comisión General de Pesca del Mediterráneo de la FAO propuso que se pusiera en marcha una iniciativa para declarar un Día Internacional de la Lucha contra la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada. Tras llevar a cabo amplias consultas, se presentó una propuesta a la atención de la XXXII Sesión del Comité de Pesca de la FAO (COFI).
El Comité de Pesca respaldó la propuesta de declarar el 5 de junio como Día Internacional de la Lucha contra la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada. Esa fecha refleja el día en que el Acuerdo sobre las Medidas del Estado Rector del Puerto entró oficialmente en vigor como tratado internacional. La entrada en vigor de este acuerdo marca un acontecimiento histórico, ya que es el primer instrumento internacional jurídicamente vinculante dedicado específicamente a la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.
El proyecto de resolución propuesto se presentó en la XL Sesión del Comité de Pesca de la FAO (COFI) (julio de 2017) para su aprobación. En diciembre de 2017, la Asamblea General de la ONU, en su Resolución anual sobre la pesca sostenible, proclamó el 5 de junio como el “Día Internacional de la Lucha contra la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada”. En la misma resolución, la ONU también declaró el 2022 como el Año Internacional de la Pesca y la Acuicultura Artesanales, lo que ayudará a centrar la atención en los pescadores a pequeña escala que constituyen el 90 por ciento de la mano de obra pesquera mundial.
 
 ¿Qué es la pesca INDNR?
Pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (pesca INDNR) es un término amplio que engloba una gran variedad de actividades pesqueras. La pesca INDNR existe en todos los tipos y dimensiones de la pesca, ocurre tanto en alta mar como en zonas bajo jurisdicción nacional, afecta a todos los aspectos y etapas de la captura y utilización del pescado y, en ocasiones, puede estar asociada con la delincuencia organizada. La pesca INDNR socava los esfuerzos nacionales y regionales de conservación y ordenación de las poblaciones de peces y, como consecuencia, limita el avance hacia el cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad a largo plazo y de responsabilidad.